Hoy 2 comentarios acerca de los desahuciados nos sorprendían desagradablemente. Está claro que debe haber gente para todo. Otra cosa es que les permitamos gobernar.
La noticia:
20130628 stop-desahucios-agrava-crisis
El comentario:
Vaya, los 2 únicos comentarios anteriores van
de lleno a culpabilizar a la parte más
débil. Defienden que la gente se ha
metido en camisa de once varas.
Lógicamente quien cobra menos que
la cuota hipotecaria que va a tener
que pagar, se encontrará en tal
situación sí o sí… pero si un
solicitante está así o al borde de esta
situación, no entiendo cómo un
banco puede aceptar dar un préstamo
a nadie en tales circunstancias. En
esas condiciones el banco es
igualmente responsable de lo que
acabe por ocurrir.
Sin embargo, el problema más grave
radica en el hecho de que,
independientemente de las
condiciones ofrecidas por los bancos
(indudablemente abusivas en muchos
casos, si es que no lo son en todos),
la Administración ha eludido su deber
de protección del derecho a la
vivienda digna recogida en la
Constitución Española de 1978. En
una situación de crisis, por el motivo
que sea, las personas suelen perder
poder adquisitivo (bien por merma de
su salario o directamente por la
pérdida total del mismo y de su
trabajo). Si la Administración, que
representa (debería hacerlo) a una
mayoría de ciudadanos de clase
obrera, en lugar de hacerlo defiende
la postura de la oligarquía económica
minoritaria, es responsable de
desequilibrar la balanza democrática.
Y es que eso es lo que ocurre. Más
aún, algunos partidos
tradicionalmente ubicados a la
derecha del abanico ideológico, lo
hacen de forma totalmente
desvergonzada, y otros,
supuestamente de izquierdas aunque
cada vez más cercanos al centro si es
que no han rebasado ya el meridiano
(que va a ser que sí), hacen lo mismo,
sólo que a la vez exponen sus excusas
ante la opinión pública.
El Artículo 47 de la Constitución
Española dice: “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la
especulación”.
Y no hay más. Al final se nos
encontramos ante un caso más de
corrupción política. Subrepticia, poco
aparente, pero igualmente
ponzoñosa.
Y seguimos tragando.
Y la gente muere.
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viernes, 28 de junio de 2013
sábado, 18 de mayo de 2013
Tergiversahucio
Reconocemos la labor llevada a cabo desde Alcaldía y su ronda de contactos con las entidades financieras que, unas más y otras menos, disponen manos apretando donde duele en el Ayuntamiento. Esperemos que, haya o no voluntad real por ayudar a los que lo están pasando mal, a nuestros gestores municipales no les quede otra más que cooperar por el bien de aquellos... y bailar.
La noticia:
20130518 miguel-toyos-aprecia-escasas
El comentario:
"Si los Servicios Sociales municipales deben determinar las personas beneficiarias del programa, y el alcalde dice que esa evaluación requiere de conocimientos económicos y jurídicos de los que dichos profesionales carecen, ¿cuáles son esos conocimientos? Es decir, al final, la asesoría jurídica la va a dar el abogado convenido por el acuerdo entre Diputación y Colegio de Abogados (ver 20130430 gipuzkoa-ofrecera-asistencia-gratuita ). Me pregunto si tan complicado será el protocolo a seguir por parte de los técnicos de Servicios Sociales que ya de por sí llevan casos de gran complejidad. Me parece que esto es más bien un (otro) menosprecio (más) del alcalde a los trabajadores municipales.
La noticia:
20130518 miguel-toyos-aprecia-escasas
El comentario:
"Si los Servicios Sociales municipales deben determinar las personas beneficiarias del programa, y el alcalde dice que esa evaluación requiere de conocimientos económicos y jurídicos de los que dichos profesionales carecen, ¿cuáles son esos conocimientos? Es decir, al final, la asesoría jurídica la va a dar el abogado convenido por el acuerdo entre Diputación y Colegio de Abogados (ver 20130430 gipuzkoa-ofrecera-asistencia-gratuita ). Me pregunto si tan complicado será el protocolo a seguir por parte de los técnicos de Servicios Sociales que ya de por sí llevan casos de gran complejidad. Me parece que esto es más bien un (otro) menosprecio (más) del alcalde a los trabajadores municipales.
Por si esto no fuera suficiente, observo que una parte importante de la nota de prensa original se ha perdido por el camino. Esa que dice lo siguiente:
«Otro aspecto del acuerdo rubricado entre el Colegio de Abogados y la Diputación sobre el cual De los Toyos se ha mostrado crítico es el de la falta de definición de conceptos que son claves para determinar en qué caso pueden los ciudadanos acceder al servicio: el umbral de exclusión social y el de deudor de buena fe. En previsión de que, a la vista de que es probable que el Servicio de la Diputación no entre en funcionamiento en un plazo breve de tiempo, Alcaldía está estudiando fórmulas alternativas (la firma de un acuerdo con las gestorías eibarresas) en el contexto del protocolo de actuación que el Ayuntamiento está elaborando, cuyo objetivo es que sirva como guía para darle un tratamiento integral a la problemática de las familias eibarresas que, como consecuencia de una situación de sobreendeudamiento sobrevenida, estén en riesgo de ser privadas de la propiedad y el uso de sus viviendas».
Me temo que los conceptos de umbral de exclusión social y de deudor de buena fe no los establece ni el Colegio de Abogados ni la Diputación, sino la legislación vigente. Aquellos afectados tendrán en breve su asesoramiento profesional de acuerdo al acuerdo referido entre Diputación y Colegio de Abogados de modo que no hace falta que lo hagan gestorías privadas como el alcalde propone (y que el periódico se ha afanado en no sacarlo a la luz). Otra vez más le ha faltado tiempo al alcalde para externalizar la labor que él personalmente se había comprometido a hacer y que, en cualquier caso, un profesional podrá desempeñar en breve".
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