Tergiversahucio

Reconocemos la labor llevada a cabo desde Alcaldía y su ronda de contactos con las entidades financieras que, unas más y otras menos, disponen manos apretando donde duele en el Ayuntamiento. Esperemos que, haya o no voluntad real por ayudar a los que lo están pasando mal, a nuestros gestores municipales no les quede otra más que cooperar por el bien de aquellos... y bailar.

La noticia:
20130518 miguel-toyos-aprecia-escasas

El comentario:
"Si los Servicios Sociales municipales deben determinar las personas beneficiarias del programa, y el alcalde dice que esa evaluación requiere de  conocimientos económicos y jurídicos de los que dichos profesionales carecen, ¿cuáles son esos conocimientos? Es decir, al final, la asesoría jurídica la va a dar el abogado convenido por el acuerdo entre Diputación y Colegio de Abogados (ver 20130430 gipuzkoa-ofrecera-asistencia-gratuita ). Me pregunto si tan complicado será el protocolo a seguir por parte de los técnicos de Servicios Sociales que ya de por sí llevan casos de gran complejidad. Me parece que esto es más bien un (otro) menosprecio (más) del alcalde a los trabajadores municipales.

Por si esto no fuera suficiente, observo que una parte importante de la nota de prensa original se ha perdido por el camino. Esa que dice lo siguiente:

«Otro aspecto del acuerdo rubricado entre el Colegio de Abogados y la Diputación sobre el cual De los Toyos se ha mostrado crítico es el de la falta de definición de conceptos que son claves para determinar en qué caso pueden los ciudadanos acceder al servicio: el umbral de exclusión social y el de deudor de buena fe. En previsión de que, a la vista de que es probable que el Servicio de la Diputación no entre en funcionamiento en un plazo breve de tiempo, Alcaldía está estudiando fórmulas alternativas (la firma de un acuerdo con las gestorías eibarresas) en el contexto del protocolo de actuación que el Ayuntamiento está elaborando, cuyo objetivo es que sirva como guía para darle un tratamiento integral a la problemática de las familias eibarresas que, como consecuencia de una situación de sobreendeudamiento sobrevenida, estén en riesgo de ser privadas de la propiedad y el uso de sus viviendas».

Me temo que los conceptos de umbral de exclusión social y de deudor de buena fe no los establece ni el Colegio de Abogados ni la Diputación, sino la legislación vigente. Aquellos afectados tendrán en breve su asesoramiento profesional de acuerdo al acuerdo referido entre Diputación y Colegio de Abogados de modo que no hace falta que lo hagan gestorías privadas como el alcalde propone (y que el periódico se ha afanado en no sacarlo a la luz). Otra vez más le ha faltado tiempo al alcalde para externalizar la labor que él personalmente se había comprometido a hacer y que, en cualquier caso, un profesional podrá desempeñar en breve".